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Viernes, 03 de junio de 2005
El Ministerio de Sanidad aprobará antes del verano un real decreto para controlar el abastecimiento de medicamentos, tras negar durante cinco meses las cifras y denuncias del sector.
A pocas semanas de que expirase el plazo puesto por el laboratorio Pfizer para distribuir, el próximo 1 de junio, sus medicamentos directamente a las oficinas de farmacia, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha decidido, por fin, mediar en una crisis que había provocado una gran tensión en el sector desde el pasado mes de diciembre.
El Ministerio de Sanidad ha elaborado un borrador del real decreto por el que se establecerá un nuevo sistema de trazabilidad de los fármacos. Con esta iniciativa, el Gobierno pretende, antes del verano, dar mayor seguridad y satisfacer las aspiraciones de la industria farmacéutica de controlar la información sobre el destino de los medicamentos comercializados en el mercado español, tal y como recoge, por otra parte, la Ley del Medicamento 25/1990.
Después de no reconocer los datos de desabastecimiento de medicamentos en las farmacias de la Comunidad Valenciana, Madrid o Galicia, entre otras comunidades autónomas, Elena Salgado considera ahora que la nueva norma resolverá "los problemas existentes en el sistema de distribución de fármacos".
El Ministerio de Sanidad quiere garantizar además la transparencia de la producción, importación y dispensación de medicamentos en el mercado español, así como las ventas a otros países que, según la industria farmacéutica, son la causa de los desabastecimientos detectados por las farmacias españolas.
En el nuevo sistema se mantiene la obligación de que los laboratorios comuniquen al Ministerio las unidades vendidas a los almacenes mayoristas y que, a su vez, estos últimos comuniquen también a Sanidad, como a la comunidad autónoma en la que tengan su domicilio social las unidades suministradas finalmente tanto a las farmacias como, en su caso, a otros almacenes mayoristas.
El Departamento que dirige Elena Salgado alega razones de "seguridad" y, por tanto, de ´salud pública´ en el borrador de real decreto para dar cobertura al reciente acuerdo alcanzado por el sector de la distribución y el laboratorio Pfizer, que cuenta con la mediación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, para centralizar la información de las dispensaciones realizadas en las oficinas de farmacia.
Según este acuerdo, las empresas farmacéuticas distribuidoras agrupadas en la patronal Fedifar, aceptan la introducción de un sistema único en la Unión Europea, por el que las empresas distribuidoras del mismo medicamento de Pfizer abonarán a la compañía un precio distinto, según vayan dirigidos al mercado español o al europeo. De esta forma, la multinacional farmacéutica se asegura el control y la reducción de las exportaciones paralelas de medicamentos a otros países con precios más caros, una práctica que las autoridades europeas consideran legal pero que acarrea grandes pérdidas a la industria farmacéutica.
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